El Gobierno de España puso en marcha la pasada semana un portal de transparencia, que complementa el servicio que ya presta desde hace unos años el portal de datos abiertos datos.gob.es. Óscar Corcho, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en datos abiertos, declara en una entrevista con Tendencias 21 que «todavía hay mucho camino por recorrer» en esta cuestión.
Óscar Corcho. Fuente: Tendencias 21.
Corcho es co-fundador de la empresa Localidata, una de cuyas áreas de trabajo está centrada en la apertura de datos, fundamentalmente por parte de administraciones públicas. Ha colaborado en los proyectos del Instituto Geográfico Nacional, la Agencia Estatal de Meteorología, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid o el Gobierno de Aragón, entre otros.
«A mí me gusta hablar de dos áreas bien diferenciadas: datos abiertos y transparencia», señala. «Los datos abiertos, cuando hablamos del gobierno, son datos de los que dispone la administración pública que deben ser puestos a disposición de todos los que quieran usarlos, ciudadanos, empresas y la propia administración, para generar valor (económico, social, de mejora de servicios públicos, o de cualquier otro tipo). Por ejemplo, ¿cuántas empresas en España tienen que obtener una lista de los códigos postales para usarla en algún formulario de la Web? ¿Cuánto tiempo y dinero emplean en ello? ¿No sería ideal que estos datos los proporcionara Catastro, Correos o quien corresponda, estuvieran siempre actualizados y fueran muy fáciles de usar? Eso ahorraría mucho dinero a muchas empresas».
Y también a las propias administraciones: «¿Cuántas veces ocurre en un ayuntamiento que una concejalía necesita datos de otra y pedirlos internamente cuesta mucho más que acceder a los datos si son abiertos?» Además, tienen beneficios sociales: Por ejemplo, «una aplicación que ayude a seleccionar una ruta accesible utilizando transporte público. Además, las administraciones se pueden beneficiar de tener muchos más “ojos” mirando sus datos, encontrando posibles errores, y ayudando por tanto a mejorar la calidad de sus datos».
La transparencia, añade, «es otro asunto distinto. Tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos deberían poder hacer en cualquier momento una labor de auditoría de todo lo relacionado con la administración pública. Desde cuánto cobra un alcalde hasta cuánto costó arreglar una determinada calle o un listado de todas las quejas y sugerencias recibidas por los ciudadanos».
Sobre el nuevo portal de transparencia, Corcho señala que «ha supuesto un avance importante para tener en un lugar centralizado algunos datos que antes se encontraban esparcidos por muchas webs de distintos ministerios. Sin embargo, también tiene importantes limitaciones de cara a facilitar esta labor de control. Yo no he sido capaz aún de encontrar una forma de descargar todos los contratos que están publicados bajo la sección de contratos de una forma sencilla, en una hoja de cálculo, para poder hacer así mis cuentas y mis análisis. Esto sería muy útil también para los periodistas especializados en datos».
Para Corcho, «el principal inconveniente sigue siendo que la labor de búsqueda de datos es muy tediosa, y no es fácil buscar cosas como “dame la suma de dinero que se ha llevado una empresa concreta en contratos con el Ministerio de Presidencia”, por poner un ejemplo».
A su juicio, en España «todavía nos encontramos en una situación incipiente, con algunas excepciones. Este año se han creado muchos portales de datos abiertos (sobre todo de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas) y algunos de transparencia, pero todavía hay mucho camino por recorrer para conseguir que estos proyectos maduren, sobrevivan en el tiempo y se conviertan en recursos imprescindibles para empresas y ciudadanos.»
«Un avance muy claro», señala, «se ha producido muy recientemente con la aprobación de una norma Aenor sobre datos abiertos para ciudades», en la que ha tenido «el placer» de ayudar, «junto con bastantes ciudades, organismos públicos, federaciones de municipios y algunas empresas privadas. Allí todos nos hemos puesto de acuerdo en cómo evaluar y mejorar las iniciativas de datos abiertos de las ciudades, y en los conjuntos de datos que se deberían publicar de manera prioritaria, así como en sus formatos, para facilitar la reutilización cuando nos movemos de una ciudad a otra. Vamos, que si creo una aplicación sobre farmacias de guardia para Zaragoza, esta aplicación también me sirva en Cáceres».
Ciudades inteligentes
En el contexto de las ciudades inteligentes, «los ciudadanos pueden ayudar a mejorar la calidad de los datos de los que dispone la administración, pues son los primeros que saben que un comercio acaba de cerrar, o que un árbol tiene una rama que se puede caer. También hay que pensar en los ciudadanos que se unen en grupos de trabajo para crear aplicaciones que ayuden a mejorar su vida y la de sus vecinos.
Corcho considera que el portal de datos de abiertos ideal debe tener «estructuras de datos homogéneas a las de otras ciudades y por tanto mucho más reutilizables, datos que se actualizan de manera frecuente y no se proporcionan en un documento PDF del que hay que copiar y pegar, sino en ficheros Excel, como CSVs, o en formatos más avanzados como RDF o JSON-LD. Y si en lugar de hablar de ficheros, hablamos de APIs (interfaces de programación que son más fáciles de utilizar para los que desarrollan aplicaciones) mucho mejor».
El experto sí cree que la ley actual de protección de datos sea compatible con el open data. «Exponer datos abiertos no significa necesariamente exponer datos que puedan ser sensibles a los aspectos relacionados con la protección de datos. Lo más importante es que este aspecto no debe ser un obstáculo para las organizaciones que quieran hacer disponibles sus datos abiertos, algo que he visto en muchas ocasiones como excusa por los responsables de algunas organizaciones para evitar publicar datos. Afortunadamente, cada vez escucho menos esta excusa».
